Ciudad de Buenos Aires, 31/08/2018

VISTO el EX-2018-39827548-APN-DGTAYL#AND, las Leyes Nros. 22.431 del 20 de marzo de 1981 y 24.901 del 5 de diciembre de 1997; los Decretos Nros. 762 del 14 de agosto de 1997, 1193 del 14 de octubre de 1998, 698 del 5 de septiembre de 2017, 868 del 26 de octubre de 2017, 95 del 1 de febrero de 2018, 160 del 27 de febrero de 2018, 751 del 13 de agosto de 2018 y las Resoluciones del MINISTERIO DE SALUD Nros. 675 del 12 de mayo de 2009 y 558 del 2 de mayo de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 868/2017 se creó, en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, el Programa Nacional “PLAN NACIONAL DE DISCAPACIDAD”, cuyo objetivo es la construcción y propuesta de políticas públicas tendientes a la plena inclusión social de las personas con discapacidad, contemplando los principios y obligaciones comprometidos por medio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley N° 26.378.

Que por el Decreto Nº 95/18 se modificaron las competencias del MINISTERIO DE SALUD, fue suprimido el SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN -organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD- y se transfirieron a la órbita de la mencionada Agencia sus responsabilidades primarias y acciones, créditos presupuestarios, bienes, personal y dotaciones, estableciendo que la misma será continuadora, a todos los efectos legales, del precitado SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.

Que el artículo 3 de la Ley Nº 22.431, modificado por el artículo 8º del Decreto Nº 95/2018, establece que la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado e indicará, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar, añadiendo que el certificado que se expida se denominará Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Que el Decreto Nº 160 del 27 de febrero de 2018, que aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, estableció como responsabilidad primaria de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE SERVICIOS el asistir a la Dirección Ejecutiva en la gestión técnico administrativa del otorgamiento del CUD, procurando facilitar la disponibilidad de los recursos técnicos necesarios que garanticen a las personas con discapacidad el acceso a sus derechos.

Que entre las acciones de la referida DIRECCIÓN NACIONAL se encuentran las de entender y actuar como autoridad de aplicación de la normativa vigente, referida a la valoración y certificación de la discapacidad conforme las clasificaciones internacionales y normativas especificas nacionales, coordinando acciones con autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Que asimismo, es competencia de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE SERVICIOS, colaborar en el relevamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de información, e implementar mecanismos de recolección de información estadística y no estadística a nivel nacional.

Que el artículo 10 de la Ley N° 24.901 determina que a los efectos de dicha ley, la discapacidad deberá acreditarse conforme a lo establecido por el artículo 3° de la Ley N° 22.431 y por leyes provinciales análogas.

Que el artículo 10 del Anexo I del Decreto N° 1193/98 -reglamentario de la Ley N° 24.901- determina que el certificado de discapacidad se otorgará previa evaluación del beneficiario por un equipo interdisciplinario que se constituirá a tal fin y comprenderá el diagnóstico funcional y la orientación prestacional, información que se incorporará al Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

Que, además, en el mencionado Registro se consignan los datos obtenidos por la Junta Evaluadora Interdisciplinaria al completar, al momento de la evaluación de quien solicita un CUD, el Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad aprobado a través de la Resolución del Ministerio de Salud N° 675/2009, modificado por Resolución Nº 558/2016 también de esa Cartera Ministerial.

Que en atención a las políticas implementadas y a implementarse en el marco del Plan Nacional de Discapacidad, resulta imprescindible ampliar las variables actualmente existentes en el Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad, con el objeto de obtener insumos sumamente valiosos que constituyen un aporte fundamental para llevar a cabo tales políticas.

Que en tal sentido, surge la necesidad de recabar información específica relacionada con el contexto de las personas con discapacidad, para lo cual se definieron ciertos indicadores que permitirán identificar tanto los factores contextuales de las mismas, como también aquellas que se encuentran en situación de dependencia.

Que los factores contextuales -compuestos por los factores ambientales y los factores personales constituyen el contexto completo de la vida de un individuo; como tal, implican una relación entre la persona y su entorno, permitiendo conocer la incidencia de dichos factores como facilitadores o barreras en la vida de la misma.

Que ello implica reafirmar la concepción del CUD como política pública que enfatiza la valoración de la persona con discapacidad en su contexto socio ambiental.

Que, asimismo, se hace menester obtener información en relación a la causa u origen de la deficiencia, lo que permitirá la implementación de acciones de prevención de la discapacidad.

Que en virtud de las consideraciones expuestas, resulta necesario proceder a la modificación de la Solicitud y del Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad, con el objeto de incluir indicadores que permitan definir los factores contextuales de la persona, si la misma se encuentra en situación de dependencia y la causa de su discapacidad; ello con la finalidad de contar con información relevante y oportuna para el diseño y desarrollo de políticas sustantivas.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES y la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE SERVICIOS han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 22431 y los Decretos N° 698/2017, 868/2017, N° 95/2018, N° 160/2018 y N° 751/2018.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Modifícase la SOLICITUD y el PROTOCOLO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD que fueran aprobados mediante Resolución N° 675 del MINISTERIO DE SALUD del 12 de mayo de 2009 y modificados por Resolución Nº 558 del MINISTERIO DE SALUD del 2 de mayo de 2016, cuyos modelos como Anexos I (IF-2018-42568550-APN-DE#AND) y II (IF-2018-42568790-APN-DE#AND) forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2° — Establécese que la utilización y aplicación de la SOLICITUD y del PROTOCOLO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD que se aprueban por la presente, será obligatoria a partir del tres de septiembre de 2018.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Santiago Ibarzábal

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 03/09/2018 N° 64459/18 v. 03/09/2018

Planillas con Anexos 1 y 2 : https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/190725/20180903