La Suprerma Corte de la Provincia de Mendoza resolvió que no prescribió un sanción disciplinaria contra un abogado, que se encontraba suspendida a razón del tramite de la causa penal por estafa en la que el letrado se encontraba imputado. 

En razón del tiempo transcurrido, el letrado había solicitado la anulación de la sanción de suspensión de dos años en el ejercicio de la profesión, que le fuera aplicada por el Tribunal del ética del Colegio Profesional. 

A instancias de la Suprema Corte, esta preciso que como los hechos que le fueron imputados tuvieron una calificación en sede penal no resultaba arbitrario esperarse una sentencia definitiva y que en función de la misma fuera pudiera ser excluido del ejercicio de la profesión.