La Corte Suprema de Justicia, adoptando el dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti, dejo sin efecto la sentencia objeto del recurso extraordinario planteado, por considerar que el mismo no constituye un acto jurisdiccional válido al no existir "mayoría de opiniones sustancialmente coincidentes sobre la solución de la cuestión debatida, lo que invalida el pronunciamiento".