Declara la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 54/2017 que modifica el régimen de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) estableciendo la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, a fin de reducir el incremento de demandas judiciales en contra de las indemnizaciones por enfermedad e incapacidad. Considera que el Poder Ejecutivo se arrogó facultades legislativas invocando, sólo formalmente, que lo hacía por razones de necesidad y urgencia, infringiendo palmariamente lo dispuesto por el artículo 99.3 de la Carta Magna, al no indicar cuales serían las circunstancias excepcionales que le hacen imposible seguir los trámites o rdinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes.