SUMARIO:

En este informe, presentado de conformidad con la resolución 35/11 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados se centra en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica por los jueces y fiscales, tanto fuera como dentro de Internet. Los jueces y fiscales, si bien disfrutan de los derechos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos de derechos humanos, en su calidad de funcionarios públicos tienen deberes y responsabilidades especiales que justifican el establecimiento de determinadas restricciones a sus libertades fundamentales. Lo esencial es lograr un equilibrio adecuado entre los derechos de los jueces y fiscales y el interés legítimo de las autoridades nacionales en proteger la independencia, la imparcialidad y la autoridad de sus instituciones.

A lo largo del informe, el Relator Especial documenta diversas formas de injerencia en el ejercicio de las libertades fundamentales por los jueces y fiscales. No todas las medidas disciplinarias adoptadas en esos casos contra los jueces y fiscales pueden considerarse necesarias en una sociedad democrática para mantener la confianza pública en la judicatura o en el ministerio público. En algunos casos, tales sanciones parecen convenientes para castigar a un determinado juez o fiscal por las opiniones expresadas o las medidas adoptadas en el ejercicio de sus funciones. En otros, la severidad de la sanción produce también un "efecto paralizante" en otros miembros de la judicatura o del ministerio público, que tal vez no se animen a expresar opiniones críticas por temor a ser objeto de medidas punitivas.

A la luz de las normas internacionales y regionales vigentes y de la jurisprudencia de los tribunales y mecanismos regionales, el Relator Especial formula algunas recomendaciones dirigidas a las autoridades estatales sobre la manera de lograr un equilibrio justo entre los derechos fundamentales de los jueces y fiscales a título individual y los intereses legítimos del Estado. Las recomendaciones también orientan a los distintos jueces y fiscales sobre cómo ejercer sus libertades fundamentales de manera compatible con la dignidad de su profesión y la independencia e imparcialidad de su cargo.