Durante los últimos días, tanto en los medios de comunicación como  en los distintos rincones del país, se han escuchado distintas opiniones y juicios de  valor sobre el proyecto de ley, impulsado por el oficialismo, que busca realizar modificaciones previsionales. 
          Al margen del análisis pormenorizado que merece este proyecto (que ya ostenta media sanción por parte de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación), y sin ánimos de pretender circunscribir la cuestión a una mera discusión político partidaria, ​nuestros legisladores, como así también el resto de la  población, no deben soslayar la ley nacional que aprueba la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las  Personas Mayores - registrada bajo el Nº 27.360 -. 

         Este cuerpo normativo internacional, en su preámbulo reza:   "Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de  una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y   participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus  sociedades" ​ .  

          La Convención, en su Art. 3, estipula distintos principios rectores,  entre los que cabe subrayar: ​"promoción y defensa de los DDHH y libertades fundamentales de la persona mayor; dignidad, independencia, protagonismo y   autonomía de la persona mayor; participación, integración e inclusión plena y  efectiva en la sociedad; bienestar y cuidado; seguridad física, económica, y social;  protección judicial efectiva" ​ ; entre otros. 
           Entre los deberes de los estados parte (siendo el argentino uno de   ellos), el Art. 4 de la Convención, indica expresamente que: ​"...adoptarán las  medidas afirmativas y realizarán ajustes razonables que sean necesarios para el   ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención, y se abstendrán de  adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma" ​ . 
         Incluso, si nos adentramos en su articulado, nos encontramos con   distintos postulados que vienen a reafirmar del derecho de la persona mayor a: la  vida y dignidad en la vejez (Art. 6); a la seguridad y a la vida sin ningún tipo de violencia (Art. 9); a la libertad de expresión y de opinión y de acceso a la información (Art. 14); a la seguridad social -​"que la persona mayor reciba un ingreso para una  vida digna a través de los sistemas de seguridad social" (Art. 17); acceso a la justicia (Art. 31); entre otros preceptos, que, aunque no los he citado no implica que no sean relevantes. 
         Por lo expuesto previamente, y por otras consideraciones - entre las           que destaco los principios insoslayables de la Seguridad Social y de los Sistemas  Previsionales - entiendo que la cuestión relativa a la "reforma previsional", no puede  y no debe ser tratada "a la ligera". Todo lo contrario, creo que debe darse un debate  profundo y fundamentado sobre ello, ponderando, obviamente, las leyes que rigen la materia como así también, el resto de las fuentes normativas que existen y no pueden ser desoídas por el Congreso Nacional. 
         En síntesis, de concretarse esta "reforma", nuevamente, deberá ser el   poder judicial quién sea el valladar que marque el límite a los otros poderes  republicanos, y garantice la supremacía de la Constitución Nacional y de los Pactos Internacionales, en territorio nacional, para la tranquilidad de la población, especialmente, la de las Personas Mayores.