El juez Mario Juliano, titular de la Asociación Pensamiento Penal (APP), analizó el servicio de justicia en el país. Dijo que Misiones necesita una reforma procesal que agilice las respuestas a la ciudadanía y, en ese contexto, cuestionó a los jueces que “dictan sus fallos de espaldas a la comunidad” y defendió el juicio por jurados.
Juliano, del Tribunal en lo Criminal 1 de la ciudad de Necochea (provincia de Buenos Aires), también preside APP, una organización no gubernamental, sin fines de lucro, integrada por personas relacionadas al sistema penal e interesadas en la promoción de una administración de justicia moderna, ágil, eficaz, sin trabas burocráticas y de cara a la sociedad.
En el marco de este informe, Juliano charló con El Territorio y no sólo analizó la administración de justicia en el país (haciendo hincapié en esta provincia), sino que además se refirió a las problemáticas y desafíos que tiene en estos tiempos el Poder Judicial, al que definió como “uno de los poderes menos democráticos de la República”.
El magistrado aseguró que “los jueces debemos acercar la Justicia a la gente” porque “muchos se sienten parte de una llamada ‘aristocracia del derecho’ siendo herméticos y creyéndose por encima de la sociedad, pero la realidad es que vivimos las mismas cosas que el resto de la ciudadanía y estamos vinculados todo el tiempo con ella, por lo que debemos responder a las expectativas que tienen, no alejarnos”.
“Cada vez que los jueces damos una sentencia, estamos hablando del modelo de sociedad en el que queremos vivir”, aseguró y argumentó que “cuando no existe esa respuesta, quiere decir que el camino debe ser revisado y Misiones tiene que comenzar a ponerse a tono con los cambios de las épocas que corren, con los requerimientos de la sociedad que necesita respuestas rápidas, eficientes y constructivas, que no siempre deben ser punitivas”.
En ese punto, analizó que esta provincia tiene pendiente la actualización de su Código de Procedimiento Penal y atrás de eso comenzar a implementar el juicio por jurados. “Los niveles de sensatez y sentido común de las ciudadanas y los ciudadanos es bastante más elevado que, en general, un juez o una jueza”, afirmó.

¿Qué análisis hace del servicio de justicia actual?
No cumple con lo que pretende la sociedad. Por supuesto que hablar del servicio de justicia en Argentina es una generalización muy amplia porque tenemos un país federal donde hay distintas realidades. No es lo mismo Misiones que Neuquén, Córdoba o Entre Ríos, pero en términos generales creo que hay claramente un abismo entre el Poder Judicial y el resto de la sociedad.
No obstante, hay provincias que han ido avanzando en una dirección de celeridad y de integración con la comunidad, no solamente de respeto al derecho de las personas imputadas sino también a los que han sufrido los delitos. Es decir que desde el ámbito judicial no solamente imponen sentencia sino que han ido buscando soluciones más integrales a los conflictos que no son sola ni necesariamente un juicio y una condena.

En ese contexto, Misiones ¿dónde está parada?
La realidad es bastante diversa, pero en el caso particular de Misiones, tiene pendiente -junto con un par de provincias del NEA- llevar adelante una profunda reforma procesal. Los procesos son lentos.
Por más que suene irracional, aún está regida por un sistema de los que se denominan inquisitivos. Todavía no han producido reformas profundas en su sistema y eso lentifica bastante las respuestas a la ciudadanía que necesita que sean rápidas, eficientes y constructivas.

¿Qué nivel de solución puede significar esa reforma procesal?
Enorme. Cuando hablamos de reformas hablamos de simplificar los trámites, los procesos, de hacerlos más de cara al pueblo y cuando hablo de eso hablo de la oralidad, no de expedientes herméticos, cerrados y por escrito, sino el juez, el fiscal y el defensor de cara a los interesados y al público en general pidiendo y resolviendo las cosas.
Parte central de la reforma debe apuntar a que la ciudadanía pueda tomar conocimiento certero sobre los involucrados y cómo se definen sus causas.

Defiende la implementación del juicio por jurados ¿Por qué?
Otra de las asignaturas pendientes que tiene Misiones es la implementación de juicios por jurados. Es una de las provincias que no lo tiene en funcionamiento y eso está operando como un verdadero puente de plata entre el poder judicial y la sociedad, que en la mayoría de los casos está más capacitada que muchos jueces y juezas.
Estoy en una provincia en la que tenemos casi cinco años de juicios por jurados, me ha tocado presidir algunos de ellos y además de eso sigo los juicios por jurados en todo el país, en Neuquén, Córdoba, Mendoza, ahora en Chaco se va a poner en funcionamiento y los niveles de sensatez y sentido común de ciudadanas y ciudadanos es bastante más elevado que, en general, un juez o una jueza, a la hora de emitir sentencia.

¿Es porque están en contacto directo con lo que pasa en la sociedad?
Es porque tienen perspectivas distintas. Por lo general, los jueces y juezas venimos de la academia, de la universidad, percibimos remuneraciones que resuelven buena parte de nuestros problemas y todo esto supone una cierta limitación para comprender la problemática social profunda que llega a nuestros tribunales.
Estamos juzgando desde pautas culturales absolutamente distintas a la de la mayoría de las personas que están en conflicto con la ley penal. Entonces, es tratar de imponer nuestro comportamiento, nuestra forma de vida a personas que están viviendo muy por fuera del sistema.
Esa realidad creo que la comprende de mejor manera nuestra ciudadanía que los profesionales, a los que llamo la aristocracia del derecho.

¿El sentido de pertenencia a esa “aristocracia” alejó a los jueces del pueblo?
Sin dudas que sí. Eso ocurre mucho, si bien es cierto que hay un proceso de recambio y en general las nuevas generaciones vienen con mucha más apertura, el hermetismo ha sido (y es) un común denominador dentro del Poder Judicial. Siempre digo que el Poder Judicial es el menos democrático de los poderes del Estado porque los jueces y juezas tienen cargos vitalicios, lo cual no parece muy compatible con una República, a diferencia del resto de los poderes donde están en todo momento sometiéndose al escrutinio y a la opinión pública.
Eso no ocurre dentro del Poder Judicial y es otro de los factores que genera alejamiento con el resto de la sociedad, que en general cuestiona porque siente que las respuestas no llegan.

¿La sociedad está preparada para atravesar los cambios?
En cualquier provincia están dadas las condiciones para generar cambios. Creo que la dirigencia, en términos generales, a veces tiene cierta desconfianza en la ciudadanía asumiendo que no está preparada para atravesar las transformaciones, pero hay pruebas múltiples de que sí.
Misiones, como el resto de las provincias que están con asignaturas pendientes, tienen que empezar a atravesar los procesos de reforma, comenzar a ponerse a tono con los cambios de las épocas que corren, con los requerimientos de la sociedad que necesita respuestas rápidas, eficientes y constructivas, no siempre punitivas.
 

Pensamiento Penal

APP es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, integrada por personas relacionadas al sistema penal interesadas, entre otras cosas, en la promoción de una administración de justicia moderna, ágil y eficaz, en sintonía con los postulados básicos del programa constitucional y con los requerimientos que formula la sociedad en tal sentido.
En su página oficial (pensamientopenal.org) se explica que a la multiplicidad en la composición de las personas que integran APP “se suma su naturaleza esencialmente regional, confluyendo en sus filas personas de toda la región (Uruguay, Chile, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, y Guatemala) y casi todas las provincias argentinas, diversidad que contribuye a la riqueza de su concepción sobre el fenómeno penal y sus características”.