La Corte IDH evaluará si el Estado argentino cumplió o no con sus fallos en cinco casos de violaciones a los derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará desde hoy en Buenos Aires, ya que debe verificar el cumplimiento de cinco sentencias de casos que tienen que ver con el país. Por el reglamento interno de la Corte IDH, el juez Eugenio Zaffaroni participará de una de las deliberaciones de los seis casos que serán tratados.

La inauguración del 61º período de sesiones extraordinarias está prevista para las 18, en la sede de la Corte Suprema de la Nación. El inicio de la sesión extraordinaria será acompañado por el canciller Jorge Faurie, el ministro de Justicia, Germán Garavano, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y el titular de la Corte Interamericana, el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot. 

La Corte IDH aceptó la invitación del gobierno nacional para que realizara la evaluación de las causas que involucran a la Argentina. Las jornadas se desarrollarán entre hoy y el viernes y luego de la inauguración en el edificio de la Corte los juristas internacionales continuarán su tarea en las instalaciones del Hotel Sheraton. Estarán todos los integrantes del tribunal, pero se informó que Zaffaroni “no participa del conocimiento ni deliberación” de los casos que involucran a la Argentina, tal como dispone la normativa de la entidad.

Entre los casos a tratar se encuentra el de Iván Torres Millacura, desaparecido en octubre del 2003 en Comodoro Rivadavia luego de haber sido hostigado por la policía. Millacura era un joven chileno de 26 años obrero de la construcción. También trabajarán sobre el caso de Sebastián Furlan, que sufrió cuando tenía 14 años, en 1988, la fractura de cráneo y daños cerebrales graves que lo dejaron discapacitado. El accidente sucedió en un campo abandonado del Ejército en Ciudadela, cuando sufrió el impacto de un travesaño mientras jugaba al fútbol. El juicio duró diez años y la Corte IDH evaluará el cumplimiento de tres medidas de reparación pendientes.

También evaluarán el caso de Sebastián Fornerón, en el que fallaron que el Estado había violado los derechos esenciales de él como padre y su hija a convivir en familia, además de negar el derecho a la identidad, y obligó a garantizar un proceso que culmine en la revinculación entre Fornerón y la menor. La hija de Fornerón fue dada en adopción sin su consentimiento y el padre peleó por recuperarla todos esos años. 

Otro caso es el de la desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, ocurrida en abril de 1990, luego de ser detenidos por la Policía de Mendoza. Finalmente, se tratará el caso de Bueno Alves, secuestrado y torturado por un Policía Federal en 1988. 

Los juristas tratarán también un caso de Paraguay sobre la desaparición forzada y tortura de Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, en 2002.