Descubrieron distintas interpretaciones que tienen los ciudadanos, operadores judiciales y periodistas sobre un mismo fallo. Redacción extensa, repetitiva, con usos de latín y arcaísmos, que remiten a leyes o expedientes que no están en el texto original, son algunas de las dificultades

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

¿Por qué hay distintas interpretaciones de los fallos judiciales? ¿Por qué son incomprensibles para ciudadanos? ¿Por qué jueces y abogados siguen utilizando el latín y los arcaísmos? ¿Cómo superar esos obstáculos para lograr una justicia más comprensible y que se pueda controlar a través de sus sentencias?
Parte de las respuestas las encontró un estudio encarado por un equipo de investigadores del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Nuñez, del Poder Judicial de Córdoba. Bajo el título “Análisis de la dimensión comunicativa de las resoluciones judiciales”, se indagó sobre cómo interpretan ciudadanos, periodistas y operadores judiciales las sentencias de interés público o gravedad institucional.
El relevamiento fue dirigido por el camarista Raúl Fernández, quien lideró un equipo de investigadores -abogados y comunicadores sociales especialistas- integrado por Federico Abel, Leonardo Altamirano, Carolina Granja, Belén Torres Cammisa y María Ligia Tulián.
En el marco de la presentación de los resultados mostrados ayer, Comercio y Justicia dialogó con Altamirano, doctor en Semiótica, licenciado en Comunicación Social y Jefe de la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

¿Qué descubre la investigación?
– Es una investigación exploratoria respecto a cómo distintas audiencias interpretan las resoluciones judiciales.Advertimos que la interpretación que hace un operador jurídico (abogado o persona del Poder Judicial),no coincide con la interpretación que hace la ciudadanía y la prensa. En particular de las sentencias que tienen interés público y que de alguna manera les competen o afectan a la ciudadanía en general y además son generalmente reflejadas por la prensa.
Seleccionamos dos resoluciones de alto impacto: una fue la resolución referida a los procedimientos del Código de Convivencia, las razzias, que tuvo gran repercusión porque afectó a muchísimas personas y también seleccionamos una de las primeras resoluciones en las que se aplica el nuevo Código Civil sobre el tema de los derechos que tiene el padre afín de ver al hijo de su pareja, quien ni siquiera es hijo de él. Esa idea que es muy innovadora dentro del Código Civil, nos pareció buena esa resolución. Además, valoramos la extensión, que sea algo manejable para un ciudadano, relativamente breve. Esas dos resoluciones la hicimos leer por distintos focus groups integrados por operadores judiciales, generalmente integrado por gente de relatorías que relatan sentencias; periodistas de distintos medios -generalistas, que no tengan una formación especializada en temas judiciales-, y por último ciudadanos, aquí seleccionamos jurados populares que son ciudadanos sin formación jurídica que vienen a la justicia solamente para intervenir en un juicio.

¿Fueron muy distintos los resultados en cada audiencia?
Si, muy distintos. Ponen el acento en distintas cosas, la idea general del fallo lo entienden los ciudadanos comunes y los periodistas. Lo que nos pareció más importante de esas conclusiones es que los mismos operadores judiciales, cuando redactan los fallos, no tienen en cuenta otro destinatario que no sea otro operador (en un abogado, en el tribunal que va a revisar esta sentencia), ellos no desconocen que también la sentencia está dirigida a la ciudadanía en general y que eventualmente alguna sentencia puede tener impacto periodístico. Incluso dicen que cuando saben que la sentencia va a tener impacto periodístico, adaptan un poco.

¿Cuáles son los obstáculos que dificultan la comprensión?
La extensión de las resoluciones, son muy extensas, incurren en muchas repeticiones por la propia forma en que está estructurada una sentencia, se reiteran varias veces las mismas cosas y eso pierde al lector. Advertimos que se sigue haciendo un uso muy frecuente del latín o de expresiones técnicas que no están explicadas. Y un obstáculo grave es que a veces no tienen independencia semántica, o sea remiten al expediente o a la ley y quien está leyendo no tiene allí la foja tal o la ley. Esto empieza a generar baches, no se entiende a qué se está refiriendo, porque remite a algo que no está en el texto (supone la necesidad de leer otro texto para entenderlo). Hay otros problemas específicos, como siglas que no se explicitan. En definitiva, requiere de una competencia que no tiene el lector no formado en derecho, tanto el ciudadano común como el periodista.

¿Qué proponen?
Por un lado un esfuerzo de clarificación general del discurso jurídico, sin perder rigor técnico. Tampoco es la cuestión hablar con simpleza absoluta de cosas que son complejas, pero hay algunas estrategias. Hay términos técnicos que se pueden explicar, hay que tratar de que se comprendan.
Por ejemplo, si se refiere a una ley, detallar qué regula esta ley; si se menciona un artículo decir qué dice ese artículo; omitir el latín, algunos arcaísmos que son costumbre y que no hacen a la técnica.
Esto se lo proponemos a los operadores jurídicos. En el Centro Nuñez se están dictando talleres de redacción con esta orientación. Hay un Módulo Abierto Prioritario y Autoadministrados (MAPA), que es un módulo administrado, que se puede tomar en forma masiva y después se puede complementar con talleres de redacción jurídica para operadores jurídicos con esta orientación que sea de claridad.

¿Qué es lo que más les llamó la atención de lo que expresaron los ciudadanos?
Lo que más me llama la atención es que el ciudadano es el destinatario definitivo, no sólo porque a veces lo afecta, sino porque si hay alguna manera de controlar la actividad judicial es por medio de las resoluciones. El pueblo de Córdoba, de Argentina, ¿cómo controla el ejercicio del Poder Judicial? No es un poder que se pueda controlar a través del voto, hay que controlar a través de algo y se lo controla mediante la publicidad de las resoluciones.
Una de las cosas en las que hacemos hincapié es en distinguir que una cosa es que la resolución esté disponible en la web y otra decir que sea efectivamente accesible. Hay instrumentos internacionales que hablan del derecho de los ciudadanos a una justicia comprensible, instrumentos que han firmado distintos poderes judiciales argentinos en el ámbito iberoamericano. La justicia comprensible es el punto y requiere más que nada generar una conciencia a nivel Poder Judicial, de operadores jurídicos, de por qué es necesario desarrollar estrategias para hacer más llano, más claro el lenguaje jurídico.
Por otro lado, los colectivos vulnerables como niños o personas con alguna discapacidad, o privadas de la libertad, requieren además instrumentos particulares como pueden ser las sentencias de fácil lectura, que se añaden a la sentencia principal, como párrafos o sentencias de fácil lectura o decretos que expliquen en términos sencillos las cuestiones que lo afectan directamente. En Córdoba y en el país hay ejemplos de ellos.

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