MENDOZA- VIOLENCIA DE GÉNERO: Lamm: "Meter presa a una persona no soluciona la violencia de género"
Tras repasar lo que significó participar de un tribunal de opinión internacional que condenó a la intocable Monsanto, la reconocida jurista mendocina y militante de la perspectiva de Género habló de todo.
Representó a la Argentina en el Tribunal Internacional Monsanto que, recientemente, condenó por ecocidio a la multinacional estadounidense productora de agroquímicos. Tiene sólo 37 años y un frondoso bagaje técnico, profesional y laboral. Actualmente, se desempeña como subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte provincial y es especialista en Bioética.
En un mano a mano con MDZ Online, Eleonora Lamm, reconocida jurista mendocina y militante de la perspectiva de Género, se animó a pasarle el cepillo a contrapelo a problemáticas urgentes de la realidad mendocina y sin filtros. Desde su experticia, asegura que meter preso a los acusados no soluciona la violencia de género y define a la comunidad como "heteropatriarcal". En el mismo sentido, milita por la despenalización del aborto: "La penalización del aborto es violencia contra la mujer", asegura.
El "ecocida" de Monsanto
Junto a otros cuatro jueces prestigiosos de distintos países, Lamm integró el Tribunal Internacional Monsanto que es una iniciativa de la sociedad civil que persigue como fin que la multinacional se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio. La actividad se llevó a cabo entre el 14 y el 16 de octubre pasado en La Haya, Holanda. Luego de escuchar testimonios de víctimas y siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia, los juristas brindaron una opinión consultiva que se conoció el pasado 18 de abril. En síntesis, los magistrados responsabilizaron a la compañía de "ecocidio"; es decir, de "causar daño severo o destruir el medioambiente para alterar de forma significativa y duradera los bienes comunes o servicios del ecosistema de los cuales ciertos grupos humanos dependen".
A propósito de la implicancia del fallo de este tribunal extraordinario, Lamm remarcó que constituye una "herramienta jurídica" que podría utilizarse en los juicios que se estén llevando adelante contra la firma o los que pudieran surgir. Recalcó, asimismo, que la gran aspiración del Tribunal Internacional Monsanto es que el delito penal de ecocidio sea incorporado al Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional de La Haya y que, en la actualidad, tiene competencia para juzgar únicamente cuatro delitos internacionales: genocidio, amenazas, crímenes de guerra y lesa humanidad.
Según explicó Lamm, de sumarse este quinto delito de ecocidio, las empresas que sean juzgadas por ello estarían obligadas a responder no sólo civilmente -con el pago de indemnizaciones a las que Monsanto parece acostumbrado- sino y sobre todo penalmente. En ese sentido, podría pensarse en sanciones penales tales como el cierre de la empresa o la suspensión de sus actividades hasta tanto corrija su desempeño. Además, el carácter de delito penal internacional posibilitaría que la sanción impuesta trascienda la frontera de equis territorio. "Actualmente, si la empresa es condenada por ecocidio en, por ejemplo, Kirguistán, en donde sí tienen incorporada la figura de ecocidio en su código penal nacional, pues Monsanto cierra su empresa ahí y la abre en otro lado. Es decir, que sea internacional permite que pueda trascender la frontera y que no exista esta posibilidad de que lo que no puedo hacer acá lo hago allá", amplió Lamm al tiempo que subrayó que, de incorporarse al Estatuto de Roma, cualquier empresa en cualquier punto del planeta que atente contra el medioambiente podría ser condenada.
La violencia en la sociedad "heteropatriarcal"
En una segunda parte de la entrevista dejó traslucir su experticia en Bioética, Derecho, Género y Familia y disparó agudas observaciones. Desde la subsecretaría de Derechos Humanos de la Corte, que funciona en el segundo piso del Palacio Judicial, explicó que trabaja fundamentalmente en las problemáticas vinculadas a Género y Salud Mental. Para resumir su pensamiento, Lamm usó un término nuevo: sociedad heteropatriarcal.
Actualmente, contó, está concentrada en la elaboración de protocolos para articular la actuación de Justicia de Familia con las distintas áreas de Género. "El objetivo es que la víctima de violencia no termine peloteada, pasando de una oficina a otra. Vos ves que la mujer cae con 25 papelitos y no sabe dónde ir. La idea es organizar, protocolizar y modernizar. Para que la persona en situación de violencia no pase dos veces por la misma pericia", sintetizó parte del trabajo que realiza en el área. Desde allí, cuestionó la falta de personal preparado teórica y académicamente; los mecanismos de una Justicia que, todavía, es patriarcal y lo que consideró como "la gran deuda del #NiUnaMenos, la despenalización del aborto".
Como funcionaria judicial, ¿qué cambios, considerás, hay que imprimirle al sistema judicial para que sea eficiente, resolutivo y para que no caiga en la revictimización?
-Hay que trabajar mucho con la capacitación dentro del Poder Judicial porque la persona que recibe a quien viene en busca de ayuda tiene que tener una formación teórica y académica para no revictimizar, para saber derivar, para saber preguntar. En materia de violencia creo que lo primero que hay que hacer es incorporar la perspectiva de género en el personal, aunque parezca una frase trillada.
-¿Cómo se efectiviza eso?, ¿cómo se logra?
-Es que eso es formar y que toda la gente que está en este circuito de violencia tenga la cabeza puesta en cómo hacer para que esta mujer que está en una situación de violencia en primer lugar, no sea revictimizada; en segundo lugar, se le dé la respuesta más óptima posible; en tercero, que no se la tutele en cuanto a tratarla como si fuera una incapaz. Todo esto requiere de formación, de conocimientos técnicos y teóricos, requiere trabajar, requiere leer, requiere capacitación.
-Esto quiere decir que el recurso humano que hoy tenemos en el Poder Judicial, en un 90 por ciento, ¿no está aggiornado con la necesidad?
-No lo diría de una manera tan dura porque creo que en el Poder Judicial hay mucha gente muy comprometida que intenta y hace lo mejor que puede, a veces con los recursos que tiene y muchas veces sin los recursos técnicos y teóricos que se necesitan. Pero es cierto que hay cuestiones muy básicas, hoy la sociedad se sigue cuestionando por qué hablamos de violencia contra la mujer y no de violencia contra los hombres, entonces esto implica que seguimos sin entender el por qué de esta sociedad heteropatriarcal, que es la que está generando toda esta situación. Todavía hay que romper muchas estructuras. Por ejemplo, y esto excede al Poder Judicial, todavía la violencia contra la mujer no es currícula obligatoria en ninguna facultad de Derecho, todavía no hay políticas públicas serias comprometidas con la formación como tal, todavía seguimos educando a los niños para que jueguen al fútbol y a las niñas para que vayan a ballet. Seguimos cometiendo errores que llevan a resultados sumamente desafortunados, lo que pasó con Florencia en San Luis, uno lee y no lo puede creer, cómo si la gente lo sabía esto terminó como terminó y va más allá de buscar al responsable. Hay que capacitar en las escuelas, en los centros de salud, en el Poder Judicial; pero hay que saber que el Poder Judicial es un actor más en todo esto. Es decir, muchas veces la respuesta a la violencia no es judicial, el poder judicial interviene cuando esto ya pasó. Hay una función de prevención y educación que es un antes y es mucho más relevante que cuando las cosas ya llegaron acá.
-Está claro eso pero como estamos en el Poder Judicial vamos a seguir hablando del Poder Judicial...
-(Risas)
-¿Considerás que, todavía, tenemos una justicia patriarcal?
-Sí, en muchas cosas sí, aunque también existe la voluntad y de hecho desde que trabajo en el Poder Judicial he advertido muchísima gente buscando la forma de cambiar para dejar de trabajar con ese tipo de práctica, buscando los recursos también para cambiarlo y eso es muy bueno hay iniciativa e interés.
-¿Qué lectura hacés, por caso, de las tensiones que se ven a nivel ministerial?, me refiero a que tenemos los jueces de corte abolicionistas enfrentados con quienes tienen una perspectiva más dura...
-No, en eso no me meto.
-Pero... ¿creés que esa tensión se traduce de manera sistémica al funcionamiento propio de la Justicia?
-Por lo pronto no lo he sentido. Los ministros con los que he trabajado en materia de violencia de género sobre todo con los doctores Gómez y Palermo, me han demostrado toda la predisposición.
-A propósito de la escalada de casos de femicidio en la provincia... ¿qué cambios concretos hay que hacer a nivel del Poder Judicial?
-En materia de violencia de género necesitamos despenalizar, no sé si es porque a la gente es lo que le queda más cerca o lo que está siempre disponible que van a la comisaría o a la fiscalía cuando, en definitiva, la penalización de la violencia de género no erradica la violencia y no le brinda una solución a la mujer. Con esto, no digo que las personas que han cometido un delito no deban ser castigadas por los delitos que cometen pero yo, personalmente, no creo y estoy convencida de que penalizar o meter en prisión a una persona no va a solucionar la violencia de género; al contrario, en muchos supuestos, es iatrogénico, cuando, por ejemplo, la persona que termina privada de la libertad es el sostén de la familia y entonces la mujer no tiene ni con qué darle de comer a los hijos y lo va a visitar al penal.
-Pero, entonces, ¿qué hacer con el violento y la víctima en lo inmediato?
-En lo inmediato, creo, hay que acudir a la Justicia de Familia en búsqueda de una medida de protección y en esa Justicia de Familia se tiene que empezar, como se está haciendo, a trabajar con redes y con las distintas áreas de Género de los distintos municipios que trabajan con la mujer y le dan herramientas. La Justicia de Familia ya no sólo dicta una prohibición de acercamiento o exclusión del hogar ahora también le da alimentos urgentes. De manera que si el juez de Familia obliga a que el violento le pase una cuota alimentaria a la víctima eso facilita la ruptura. Con esto me refiero a que hay muchas otras medidas mucho más útiles que privarlo de la libertad. Es más, el sistema penal es selectivo y dañino; está científicamente demostrado, y lo ponen en evidencia distintos estudios sociológicos de distintas partes del mundo, que penalizar al violento es el último escalón que no soluciona la problemática. En suma, el foco no debe ser nunca creemos más cárceles' porque, de ese modo, va a terminar la mitad de la población privada de la libertad.
-¿Cómo se le cambia la cabeza al funcionario de justicia para que incorpore la perspectiva de género?, ¿qué hace falta: plata o voluntad política?
-A partir de la creación de este protocolo de violencia que trabajamos entre la Corte y el Ministerio Público estamos armando capacitaciones. Es difícil porque todos decimos NiUnaMenos pero, en definitiva, en la adopción de políticas públicas respecto de la violencia no es tan, tan así. Sí, por parte de la Corte, se tomó la decisión, se está trabajando y ya hay tres o cuatro acordadas respecto de avanzar en la temática y hay voluntad de trabajarlo.
-¿Es una cuestión más de voluntad política que de recurso económico?
-Creo que es un poco de todo porque a veces no se necesita tanto recurso económico para hacer una capacitación; creo que poco a poco las distintas instituciones están tomando conciencia de la importancia de la problemática y creo que de a poco se están tomando acciones.
-Yendo a tu experticia en Bioética, ¿qué podés agregar en relación a la deuda de Mendoza para con el aborto?
Creo que la despenalización del aborto es la gran deuda del #NiUnaMenos. Es una gran hipocresía decir ni una menos' y no estar dispuestos, efectivamente, a legislar en materia de aborto. Soy una militante en materia de aborto y a pesar de que a veces me juega malas pasadas en determinados sectores no tengo ningún problema en seguir diciendo que somos una sociedad hipócrita en este sentido. Recuerdo que, cuando se elaboró el protocolo de interrupción legal del embarazo en 2015, que fue consecuencia del fallo de la Corte en 2012, se cuestionaba sobre si Mendoza debía adherir o no. El hecho es que nunca adhirió y hoy seguimos con el mismo debate.
-Y cada hospital sigue haciendo lo que le parece en este sentido...
-Claro, sin embargo me parece importante enfatizar que nosotros no necesitamos adherir a este protocolo, que tenemos una ley, que es el Código Penal, que es bastante claro y que aunque le quieran hacer interpretaciones y que está por encima y que se aplica en todo el territorio deberíamos dejar de ponerle limitaciones. La ley prevé dos causales de aborto: una, en caso de peligro para la vida o salud de la mujer y, dos, en caso de violación, sin ningún otro requisito más que la persona diga me violaron'. En materia de peligro para la vida o salud, me parece que salud debe ser interpretado conforme lo dice la Organización Mundial de la Salud, que habla de salud física, psíquica y social. Entonces, cuando el embarazo le provoca a la mujer una afectación de su salud física, psíquica o social, ese embarazo también se debe interrumpir. No me voy a cansar de decir que la penalización del aborto es una criminalización de la pobreza, las mujeres en la Argentina abortan legalmente o clandestinamente, las que tienen dinero lo hacen de modo seguro, las que no lo tienen lo hacen de manera insegura. No podemos seguir hablando de género o seguir preocupándonos por la violencia de género, cuando siguen habiendo mujeres muertas por aborto en Argentina.
-¿Esto es un aviso implícito para la clase dirigente de la provincia?
-Me pregunto... ¿por qué los derechos de las mujeres tienen que tener siempre un costo político? La penalización del aborto es violencia contra la mujer, porque la terminás violentando institucional, física y psicológicamente.
Eleonora Lamm: subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Mendoza. Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB). Máster en Bioética y Derecho (UB). Máster en Derecho de Familia (UB). Abogada. Consultora de Bioética y Derecho, Universidad Abierta de Cataluña. Directora de la carrera de especialización de Bioética y Bioderecho, Universidad de Mendoza. Coordinadora del Doctorado de Derecho de familia, UM. Tutora del Máster de Bioética y Derecho, UB. Miembro del Observatorio de Bioética de la UB y Miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad de Buenos Aires. Autora de libros y numerosos artículos y publicaciones. Participó en la comisión de reforma del nuevo Código Civil y comercial de Argentina. Participante en Proyectos de Investigación a nivel europeo y en numerosos seminarios, congresos, cursos y en eventos de difusión científica.