La alta corte exigió proteger la Amazonia colombiana de la deforestación, dándole la razón a un grupo de 25 niños, niñas y jóvenes quienes, acompañados por Dejusticia, demandaron al Estado por no garantizar sus derechos a la vida y al medio ambiente.

El gobierno colombiano tiene cuatro meses para presentar un plan de acción para hacerle frente a la deforestación en la Amazonia, principal causante del cambio climático en el país. A pesar de los compromisos internacionales para reducir la tala indiscriminada de bosque, la última cifra oficial muestra que la deforestación creció 44%.

Esa fue la orden que la Corte Suprema de Justicia de Colombia acaba de impartir, en respuesta a la tutela que 25 niños, niñas y jóvenes, en compañía de Dejusticia, presentaron para exigir la defensa de sus derechos a un ambiente sano, a la vida, a la salud, la alimentación y el agua, amenazados por la tala indiscriminada en la Amazonia y sus efectos en el calentamiento del país (lea aquí el fallo de la Corte).

El alto tribunal no sólo les dio la razón, sino que recalca que el Gobierno ha sido ineficiente en esta tarea. Además, señala que estamos ante un “perjuicio inminente y grave” porque la deforestación provoca “la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero, el cual transforma y fragmenta ecosistemas, y altera el recurso hídrico”.

En la tutela los niños y jóvenes señalaron que las futuras generaciones serán quienes padecerán los peores efectos del cambio climático y, por eso, exigen no solo que el Gobierno frene la deforestación sino que garantice su participación en la construcción de un plan para lograr este objetivo.  

La Corte Suprema apoyó esta petición y le ordenó a la Presidencia, y a los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, construir un “pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano”, con la participación de los tutelantes, las comunidades afectadas, y organizaciones científicas y de investigación, para reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Resulta claro, pese a existir numerosos compromisos internacionales, normatividad y jurisprudencia sobre la materia, que el Estado colombiano no ha enfrentado eficientemente la problemática de la deforestación en la Amazonía”, señala el tribunal.

Con el objetivo de proteger este ecosistema vital, la Corte Suprema reconoce a la Amazonía colombiana como una “entidad sujeto de derechos”, así como el año pasado la Corte Constitucional lo hizo con el río Atrato. Esto significa que el Estado tiene el deber de protegerlo, conservarlo, mantenerlo y restaurarlo. 

El alto tribunal también les ordenó a los municipios de la Amazonia actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial en un plazo de cinco meses, y contar con un plan de acción de reducción de la deforestación a cero con estrategias medibles; y a las Corporaciones Autónomas de la Amazonía (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, Cormacarena y Corpoamazonía) expedir un plan de acción para reducir la deforestación. 

“Se trata de un fallo histórico tanto nacional como internacionalmente”, sostuvo César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia y abogado de los jóvenes que presentaron la tutela. “En el plano nacional, reconoce categóricamente que las generaciones futuras son sujetos de derechos y ordena que el gobierno tome acciones concretas para proteger el país y el planeta que les corresponderá vivir”, agregó.

La sentencia también sienta un precedente en el derecho y las acciones contra el cambio climático. Como lo sostuvo Rodríguez, “el fallo es un paso fundamental en la dirección que ya venían dando otras cortes alrededor del mundo, que han ordenado a los gobiernos cumplir y aumentar sus compromisos contra el calentamiento global. En este caso, además de recoger el consenso científico sobre la importancia de los bosques en la mitigación del cambio climático, el fallo avanza al declarar la Amazonía como sujeto de derechos, lo que permite proteger ese ecosistema esencial para Colombia y la humanidad”. 

Los principales llamados de la Corte:

• La deforestación de la Amazonia provoca un perjuicio inminente y grave para todos los colombianos, para las generaciones presentes y futuras, pues desboca incontroladamente la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero, el cual transforma y fragmenta ecosistemas, y altera el recurso hídrico. 

• El deterioro creciente del medio ambiente es un atentado grave para la vida actual y venidera y de los otros derechos fundamentales; agota paulatinamente la vida y todos los derechos conexos con ella. 

• La imposibilidad de ejercer los derechos fundamentales al agua, a respirar aire puro y disfrutar de un ambiente sano está enfermando a los colombianos, aumenta la carencia de agua dulce y disminuye las expectativas de vida digna. 

• La protección de los derechos fundamentales no implica sólo a cada individuo sino al “otro”. Y abarca también a quienes no han nacido y merecen disfrutar de las mismas condiciones medio ambientales vividas por nosotros. 

• Sin no tenemos un criterio equitativo y prudente de consumo, la especie humana podrá verse comprometida en el futuro por la escasez de recursos imprescindibles para la vida. Solidaridad y ambientalismo se “relacionan hasta convertirse en lo mismo”. 

• Todos tenemos el deber de dejar de pensar exclusivamente en el interés propio. Estamos obligados a considerar la manera en que nuestras obras y conductas diarias inciden en la sociedad y en la naturaleza.