La semana que viene se mostrarán los primeros resultados del programa. Está impulsado por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y un número importante de universidades. Cuáles son los cambios que se promueven.

El año pasado, el Estado le preguntó a universidades de todo el país de qué manera podía ayudar para mejorar la enseñanza del Derecho. Las casas de estudios respondieron. Y de ese intercambio nació el Programa de Formación de Áreas de Vacancia en Abogacía (PFAVA). Su objetivo: promover proyectos pedagógicos novedosos en áreas que habían quedado relegadas en la enseñanza. Por ejemplo, ética profesional, negociación y mediación, destrezas para el litigio y gestión judicial, entre otras. Así, se abrió un concurso que fue todo un éxito: llegaron 95 propuestas. Se eligieron 25 en una primera instancia y luego sumaron 11 más: 36 iniciativas que recibirán financiamiento para desarrollar materiales pedagógicos.

El viernes 17 de noviembre se presentarán los primeros resultados del PFAVA. De la jornada “Aportes para la mejora de la enseñanza del Derecho” participarán: por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el ministro Germán Garavano, el secretario de Planificación Estratégica, Mauricio Devoto, y el director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil (RECASO), Martín Böhmer. Por el Ministerio de Educación estarán Danya Tavela, secretaria de Políticas Universitarias, y Mónica Marquina, directora ejecutiva del Programa de Calidad Universitaria.

¿Por qué modernizar las carreras? Porque los planes de estudios de las facultades de Derechos son casi los mismos que en el siglo XIX. “En aquel entonces consistía en que los abogados o jueces conozcan el Derecho, es decir, los textos del Derecho. En particular, los Códigos. La idea era saber de memoria esos textos y algo de la Constitución. Eso funcionó más o menos igual hasta el regreso a la democracia”, explica Böhmer.

El funcionario amplía: “En la transición democrática pasaron cosas muy importantes. Pasamos de un Derecho que no le hacía resistencia a una dictadura a otro protector de derechos: globalización, derechos humanos, género, discapacidad, consumidores, entre otros. Se cambió la Constitución en 1994 y se sumaron otros derechos y procesos para protegerlos: amparos colectivos y audiencias púbicas, por ejemplo. El Derecho se hizo mucho más complejo. Y las facultades están tratando de entender estos cambios y traducirlos a materiales de estudio.”

-¿Cómo fue el intercambio con las universidades?

-Les preguntamos qué les faltaba, qué debían enseñar en las facultades de Derecho y de qué manera el Estado podía ayudar para generar esos contenidos. Identificamos diez áreas de vacancia. Cuándo les preguntamos por qué no las enseñaban, nos respondieron: porque no tenemos los materiales y no tenemos los profesores. Entonces nosotros, el Estado, financiaremos los materiales y después, en otra etapa, la formación de formadores. Estamos cumpliendo con la primera parte del acuerdo.

-¿Cuáles son las áreas de vacancia?

-Por ejemplo, ética profesional. Los abogados juramos por un código de ética, y muchos ni lo conocen. Otras vacancias: prueba; no se enseña cómo se prueba un hecho y los abogados trabajan todo el tiempo con hechos. O cómo investigar para descubrir el material relevante para tu caso: cómo se encuentra una ley, y cómo saber si está vigente, por ejemplo. También: negociación o mediación, destrezas de resolución de conflictos por afuera del litigio judicial. Cuestiones administrativas y comerciales. Destrezas para el litigio: cómo se piensa y se arma la estrategia de un caso. Argumentación y sentencia. Con respecto a género, creemos que es uno de los temas transversales, porque atraviesa diversas materias.

-¿Por qué esas temáticas hoy no se enseñan?

-En general son materias optativas, pero no están en los planes de estudio de las facultades de Derecho. El conocimiento de los textos ocupa normalmente la mayoría de los planes.

Proyectos pedagógicos innovadores

El concurso se lanzó el año pasado y llegaron 95 propuestas de universidades. Se eligieron 25 en una primera instancia. Como la calidad de las ideas era muy buena, se sumaron luego otras 11 más. En total, 36 proyectos que recibieron financiamiento del Ministerio de Justicia para que las casas de estudio pudieran desarrollar materiales pedagógicos en áreas relegadas en la enseñanza del Derecho.

-¿Cuál es el contenido pedagógico de esos textos?

-Por ejemplo: un texto sobre litigio hecho por un especialista, con ejercicios de casos y bibliografía. Se van a usar en Argentina y tal vez en otros lugares de Iberoamérica, porque van a estar subidos a internet. Porque de estos materiales no hay mucho en la región. El problema sobre cómo se enseña Derecho es generalizado en toda Latinoamérica.

-¿Esos materiales se sumarán a los planes de estudio?

-Ahí hay otra cuestión. Las universidades son autónomas. Muchas están entusiasmadas y están en proceso de cambio de sus planes de estudio. Tuvimos suerte porque la ex presidenta Cristina Kirchner firmó un decreto antes de dejar su cargo para que por primera vez se evalúen y se acrediten las carreras de grado de Abogacía en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). El presidente Macri publicó ese decreto así que ese proceso se puso en marcha. Ya están los contenidos mínimos que debe tener toda carrera de Abogacía, así que la CONEAU va a empezar el proceso de evaluación y acreditación. Primero de manera voluntaria, después obligatoria.

-Si las facultades de Derechos participaron de manera voluntaria no deberían tener problemas en implementar cambios en sus planes de estudio.

-Exacto. Muchas están diciendo que quieren cambiar los planes de estudio, pero será la CONEAU quien evalúe esos planes.

-¿Cómo se formarán a los profesores que den esos nuevos contenidos?

-Nuestra idea es, por ejemplo, si la Universidad de Tucumán quiere tomar el curso que hizo la Universidad Di Tella, o si la UBA quiere hacer el curso que diseño la Universidad de La Pampa, que lo puedan hacer. Juntar a los profesores que quieran dar esos cursos y que se formen. Incluso queremos traer profesores de afuera, si hace falta. O mandar gente afuera a capacitarse. Si todo sale bien, vamos a tener un cuerpo docente que no existía antes en la facultad.

-¿Faltan profesores que enseñen Derecho? Que no sean abogados o jueces.

-En las facultades no hay profesores profesionales de Derecho. Y necesitamos profesores full time, porque el esfuerzo que nos espera es enorme y los actuales no tienen tiempo. Es otra de las cosas que estamos intentando conversar y ayudar a las facultades a hacer: tener más profesores dedicados a la docencia y la investigación. Quizás haya que apostar a una nueva generación de abogados, gente más joven que quiere dedicarse a lo académico, y no al gran camarista o juez que no tiene tiempo para hacerlo.

-Hay poca formación en investigación dentro del Derecho.

-Sí. Sólo el 0,4 por ciento de los diez u once mil investigadores del CONICET son abogados. Son alrededor de 80. Faltan investigaciones en Derecho. Estamos en conversaciones con el CONICET. Va a ser un tema a largo plazo.

La jornada “Aportes para la mejora de la enseñanza del Derecho” se realizará el viernes 17 de noviembre en el Auditorio William Chapman de la Sindicatura General de la Nación. De 10 a 13, en Corrientes 381, primer piso