El Colegio de abogados y procuradores de Mendoza le suspendió la matrícula por dos años a un profesional de San Martín.

             La Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza confirmó la suspensión de la matrícula por dos años a un letrado del departamento de San Martín que fue acusado en la Justicia Penal por los delitos de desbaratamiento de los derechos acordados y estafa procesal. Un socio del sancionado, que para la investigación de la causa fue el principal responsable de la maniobra, apeló esa sanción ante la Suprema Corte.

             La causa penal se originó en 2010 y hoy todavía no tiene resolución. En tanto la denuncia ética se radicó ante el directorio del Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción. Este la merituó y la elevó al Tribunal de Ética de esa entidad, que decidió sancionar a los letrados Fabricio Máximo Abruzzese y Roberto Adrián López con la suspensión de sus matrículas por dos años. Ese expediente fue a la federación mendocina, que ahora confirmó esa decisión. Abruzzese aceptó la suspensión, pero su colega decidió recurrir a la Corte, por lo que ahora solo quedó firme la resolución para el primero.

             En tanto, la causa penal también está en la Corte, que debe resolver un pedido de prescripción que hizo el mismo López y que le fue rechazado en las instancias anteriores.

El caso

             El origen de todo fue una casa ubicada en Tropero Sosa 412, de la ciudad de San Martín.

              En 2010 Teresa Gladys Espejo (61), que había adquirido la casa unos años antes, se percató de que las boletas del agua potable no llegaban a su nombre, sino a nombre del abogado Roberto López. Según pudo averiguar la mujer, López y Abruzzese habían, supuestamente, comprado la propiedad al ex esposo de Teresa –pese a no ser el propietario legítimo e, incluso, sobre el que ya pesaba una prohibición de acercamiento por violencia contra su ex mujer– en un valor de $19.000. Esa supuesta compra había sido avalada por un notario, que terminó luego involucrado en el expediente.

              Antes de que Teresa pudiera hacer que se enmendara el error, aparecieron López, Abruzzese y un oficial de Justicia, para desalojarla. "Me dijeron que tenía 10 minutos para dejar la casa. Por suerte yo no les abrí la puerta", contó cuando fue entrevistada por Diario UNO.

              Sin embargo, debió mudarse ese mismo día. "Viví en una iglesia, en casa de familiares, yendo de aquí para allá", contó Teresa.

Ellos dicen que fueron engañados

               La defensa de López y Abruzzese siempre fue la misma: sostuvieron que ellos obraron de buena fe y que fueron engañados. Para la Fiscalía y la querella, en cambio, los letrados acordaron la compra irregular con el ex marido de Teresa Espejo, sabiendo que no era el titular legítimo de la vivienda o, en todo caso, que no era el único que tenía derecho sobre ella, y que lograron engañar a la jueza de Paz para que librara el desalojo de la mujer.

              Desde 2010 hasta el 18 de enero de 2015, Teresa estuvo viviendo de prestado en distintos lugares, hasta que la Justicia Penal ordenó que le reintegraran la vivienda. "Cuando abrí la puerta, me encontré con que los abogados habían alquilado la casa a dos familias. No tenía ni luz, ni gas, ni agua y estaba todo destrozado. Todavía sigo pagando deudas", dijo en su momento.

              El nudo de la causa penal acumuló dos cuerpos, pero las incidencias planteadas después agregaron otros cuatro y hoy aún no tiene un cierre definitivo.

              Solo el abogado Abruzzese trató de darle un final, pidiendo una suspensión de juicio a prueba, pero le fue rechazada debido a que la jueza de Garantías entendió que los delitos cometidos fueron en contra de una mujer que sufrió los perjuicios contemplados en la Ley de Violencia de Género y esta figura no acepta el beneficio.

              Luego, con el expediente listo para ser elevado a juicio, el abogado López planteó la prescripción de la causa, que le fue rechazada en primera instancia y ahora está apelada en la Corte.