Un sondeo reveló que el 70% de los consultados considera al Poder Judicial la institución del Estado más corrupta, seguida por la Policía y el Congreso. En tanto, la mitad piensa que la corrupción es "inevitable". 

            La Justicia quedó nuevamente en el centro de críticas al ser considerada la institución más corrupta del país.

            Los datos corresponden a un estudio realizado en conjunto por Taquion Research & Strategy, la Universidad Abierta Interamericana y la Firma de Auditoría y Consultoría BDO, el cual reveló que el 70% de las personas opina que la Justicia es “corrupta o muy corrupta”; mientras que sólo el 14% considera que la institución es “poco y nada corrupta”.

            El estudio, también reveló la poca confianza que genera la institución. La investigación se realizó durante del 19 al 29 de septiembre a 800 personas habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires mayores de 18 años.

            La encuesta arrojó, además, que el 50 por ciento de los consultados "piensa que la corrupción es inevitable", mientras que 1 de cada 2 piensa que la principal causa de la corrupción es la deshonestidad de la sociedad en general,.

            De este modo, el 29,4% afirmó que se vincula con la deshonestidad de los políticos, y sólo el 16,4% respondió que la corrupción está relacionada con la deshonestidad de los empresarios.

Malos tiempos para la Justicia en la Argentina

             También  la consultora Managment & Fit dio cuenta de que la confianza en la “Justicia” o el “Poder Judicial” es de solo alrededor del 18%. En otras palabras, que por lo menos tres de cada cuatro ciudadanos desconfía de esta rama del Poder encargada, teóricamente, de resolver los conflictos entre ciudadanos o entre ciudadanos y el Estado.

             Este sondeo realizado a fines de agosto, dio cuenta de que el 49,2% de los consultados no confía “nada” en la Justicia. A ello se le suma el 32,9% que le tiene “poca confianza”. Poco y nada se alza con el 80% de las opiniones. Pero además, el 15,2% de los encuestados dijeron tener “algo de confianza”. Y apenas un 2,3% aseguró tener “mucha confianza” en la Justicia. Entre negativos y más o menos escépticos se llevan el 98% de las opiniones.

             La ciudadanía confía poco en la Justicia. Los que la ven de “lejos” por medio de los casos que generan la atención del público se encuentran, todos los días, al consumir las noticias, con causas de corrupción con un promedio de catorce años para ser resueltas y con contados casos de altos funcionarios condenados.

             A ello se le debe sumar casos de jueces sospechados, la lentitud de la causa AMIA con una causa anulada y un juicio por encubrimiento, los casi tres años sin saber aún si Alberto Nisman se suicidó o fue asesinado y, más recientemente, el fallo de la Corte Suprema sobre el 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad o los 37 días sin saber dónde está Santiago Maldonado. Y eso sólo si se remiten a un fuero en particular: el penal federal, que es el que domina la agenda mediática.

             Del otro lado, los millones de ciudadanos que les toca de cerca la ineficiencia de todo el aparato jurisdiccional todos los días se encuentran con tribunales colapsados, juicios que tardan un promedio de cinco años, jubilados que tardan años hasta que cobrar lo que les corresponde por lo que aportaron durante sus años de trabajo o los que sufren los excesos de la Justicia Penal, con cada vez más detenidos en prisión preventiva, no tienen una opinión tan distinta.

             El constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra fue consultado sobre el resultado de la encuesta, consideró que es “significativo” porque la confiabilidad “haya caído verticalmente”.

            “Hay un descreimiento popular cuando se habla de la ‘Justicia’”, señala el constitucionalista, para quien en realidad hay que hablar del “poder Jurisdiccional”. Para Ferreyra los problemas jurisdiccionales en Argentina “no vienen de hace cinco, diez, ni quince años”, sino que “hay algo que es muy concreto: desde diciembre de 1983 el Poder Jurisdiccional es el que más se ha resistido a una democratización de sus estructuras, procedimientos y actores”.

             El profesor de la Universidad de Buenos Aires no omitió remarcar otras fallas de lo que llama el Poder Jurisdiccional, como el funcionamiento del Consejo de la Magistratura – “es un órgano de naturaleza eminentemente político y no funciona adecuadamente para la selección, reclutamiento y remoción de jueces”- o el carácter vitalicio de la función de magistrado, hoy disminuida hasta los 75 años, -“la naturaleza de la República se refiere a la periodicidad”- subrayó-

             En el mismo sentido, el también constitucionalista Andrés Gil Domínguez mostró preocupación por los resultados de la encuesta, ya que la Justicia “tiene la última palabra en la resolución de conflictos y su falta de legitimidad atenta contra la convivencia pacífica”.

             Pero, ¿Que dicen los jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales ante esto? ¿Son los culpables de todo? Si su responsabilidad se atiene a resolver los juicios en tiempo y forma, ¿es lo mismo la ejecución de un cheque que analizar un megacaso de lavado de dinero? ¿Cuál es la idea que tiene la ciudadanía por independencia judicial? ¿Deben fallar de acuerdo a derecho o de acuerdo a las presiones externas? ¿Debían condenar a amado Boudou por la causa de falsificación de un 08, por ejemplo? En resumen, ¿En dónde ven que está la falla?

             Un magistrado con años en Tribunales, en estricto off, dialogó con este medio al respecto. Para él, la confianza en la "Justicia" no es mejor ni peor que la confianza en las instituciones en general. “El Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal son confiables en la medida que no puedan ser manipulados. Creo que la confianza es directamente proporcional a la independencia o imparcialidad”, aseguró.

             Desde el Poder Judicial también apelan al rol del poder político a la hora del respeto de la independencia judicial, que impacta también en la confianza que tiene la ciudadanía. “Se va  incrementar en la medida que los políticos dejen de manipular a su antojo”, admite el experimentado magistrado.

             También queda en el tintero si el déficit es sólo de los funcionarios judiciales o también existen faltas en infraestructura, de personal, de legislación actualizada. Al respecto, desde tribunales reconocen que, por ejemplo, el nuevo procedimiento de flagrancia “aumentó la eficiencia”, aunque del otro lado “las cárceles están cada vez peores”.

             “El funcionamiento depende del procedimiento y por un lado se abusa del poder de coerción (por ejemplo el incremento del 100% de las causas por ‘resistencia a la autoridad’) y por el otro no se arma nada completo”, reconoció el juez.