Los especialistas aseguran que las consultas y demandas por tratamientos van en crecimiento. Acá no está legislado pero hay jurisprudencia. Diecinueve sentencias que favorecen a esta práctica.

         La gestación por sustitución es un hecho y, si bien hay voces a favor y en contra, la mayoría coincide en la necesidad de una regulación de esta práctica que ya se lleva a cabo en nuestro país.

         En los centros de fertilización asistida aseguran que las consultas y demandas por tratamientos van en crecimiento. Sólo en el Instituto Médico Halitus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atendieron desde 2013 a más de 200 pacientes y realizaron 28 tratamientos.

         Según información de ese centro, ya nacieron 12 niños y niñas y actualmente hay 3 embarazos en curso.
Florencia Inciarte, coordinadora del Programa de Utero Portador de Halitus, contó que mucha gente se acerca a preguntar. “Cada vez más. Sin ir más lejos, entre ayer y hoy vi 5 pacientes por este tema”, dijo a LA CAPITAL.

        Sobre el perfil de los consultantes, Inciarte aseguró que “hay de todo: parejas heterosexuales en las que por algún motivo la mujer no puede llevar adelante el embarazo -porque no tiene útero o tiene una enfermedad que contraindica el embarazo- y también hay parejas homosexuales y varones solos”.

“Evitar los excesos”

          En nuestro país los casos más conocidos son los de ricos y famosos que viajan a Estados Unidos, donde un tratamiento cuesta entre 100 mil y 150 mil dólares.

          Acá no está legislado pero hay jurisprudencia en el tema: por el momento -y desde 2013- hay 19 sentencias difundidas que favorecen a esta práctica.

         Conocida popularmente como “alquiler de vientre“, se iba a incluir en el Código Civil y Comercial que fue reformado en agosto de 2015 pero fue finalmente excluida por diversas presiones, de la Iglesia católica sobre todo, pero también del feminismo que lo considera una nueva forma de explotación del cuerpo de la mujer.

         Para Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), “la subrogación de vientres ‘usa’ el cuerpo de la mujer que acepta llevar adelante ese embarazo sin muchas veces atender al cuidado de su salud, no sólo física, sino psicológica y social”.

         Para la reconocida defensora de los derechos de las mujeres, igualmente tiene que haber una ley que, además de prohibir el intercambio económico, legisle “sobre los requisitos de quienes pueden usar el método para evitar los excesos que vemos, como los hombres solos que descubren que quieren ser padres y deciden hacerlo así para no tener ningún ‘compromiso’ con quien lleva el embarazo adelante -por eso es una transacción económica como ‘encargar’ una mascota- o las mujeres que así no exponen ‘deformarse’ o deteriorar su cuerpo con un embarazo”, señaló.

          “Estos son hechos que hay que prohibir”, remarcó Bianco ante la consulta de este diario.

“Es mejor regular para proteger”

          En otra sintonía, Marisa Herrera, abogada e investigadora del Conicet, consideró que “la cuestión es mucho más compleja y, justamente por ello, es mejor regular y controlar y así proteger a las mujeres gestantes para que su cuerpo no sea una mercancía”.

         “Pongamos que sea verdad que las mujeres son tratadas como una mercancía y como una ‘incubadora humana’. ¿Qué hacer con ello? Prohibirlo, pero van a seguir naciendo niños de mujeres que no quieren ser las madres jurídicas. ¿Las obligamos a quedarse con los niños en contra de su voluntad?”, se preguntó Herrera, que participó en la escritura del Código Civil y Comercial y que forma parte del equipo que redactó uno de los 4 proyectos sobre gestación por sustitución que hoy están en la Cámara de Diputados de la Nación.

         La iniciativa -apoyada y promovida por asociaciones Lgbtiq- establece entre otras cuestiones que se deberá contar con autorización judicial para realizar la práctica e impone algunas condiciones para la gestante: no podrá aportar sus óvulos ni subrogar su útero más de dos veces en la vida y deberá haber tenido al menos un hijo propio.
En el proyecto presentado por diputadas del Frente para la Victoria (FpV) se contempla además una “compensación económica” para la gestante.

         “Esta compensación sería el resultado de una ecuación cuyas variables las debería establecer y actualizar la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud”, explicó Herrera a LA CAPITAL.

         “De este modo, se sale de la disyuntiva altruista o lucrativa de la manera más equilibrada posible”, agregó, y remarcó que “es cierto que varios de los casos que se han dado en el país comprometen a parientes (hermanas, cuñadas, incluso madres), pero igual en estos casos debería preverse una compensación”.