En 2015, el músico Neil Young lanzó un disco llamado “Los años de Monsanto” y en una de las canciones habla de un nuevo día para el mundo. Ese espíritu esperanzador se vivió ayer en el teatro Príncipe de Asturias del parque España, donde ciudadanos e instituciones que denuncian desde hace años los impactos negativos del uso de agroquímicos tienen en Argentina. Escucharon cómo un tribunal de reconocidos juristas cargó contra la empresa transnacional Monsanto, cuyo producto más vendido es el herbicida Roundup y es aplicado a la mayoría del sistema del agro local.

Encontraron a la firma responsable de delitos contra la salud, el ambiente y el conocimiento a partir de pruebas que entregaron 30 testigos el año pasado frente a una corte especial de La Haya. Tal como publicó ayer este medio, uno de los aportes salió del grupo que mantiene desde 2010 el médico de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Damián Verzeñassi, quien junto a la abogada de la ONG Pueblos Fumigados, Victoria Dunda, celebró el fallo aún cuando no es vinculante. Para ambos y gran parte de la sociedad que lamenta las consecuencias del modelo dependiente de los agrotóxicos, se trata de un antes y un después. “La jurisprudencia lograda cambiará cómo se litigan casos de particulares que se ven afectados. También empujará a rever el Tratado de Roma, que evita enjuiciar a empresas y Estados por sus responsabilidades en cómo mueren las personas”, explicó Dunda a El Ciudadano.

De acá a Holanda

Según el fallo que se conoció ayer, la empresa Monsanto afectó el derecho a la salud, a los alimentos sanos, y a un ambiente que permita el resto de los derechos humanos. En largas páginas los cinco jueces, uno de los cuales la argentina Eleonora Lamm, subdirectora de derechos humanos de la Suprema Corte de Mendoza, dieron lugar a cinco de las seis acusaciones que miles de instituciones hicieron en octubre del año pasado en Holanda.

En diálogo con este medio, la abogada Victoria Dunda de la ONG Pueblos Fumigados, explicó: “El fallo hará que se revise el Tratado de Roma, por el cual no se pueden juzgar personas jurídicas ni los Estados. Los jueces dieron lugar al ecocidio, una figura jurídica que abre un abanico de posibilidades para avanzar sobre las empresas transnacionales, que saben el efecto de sus productos, y los Estados que los aprueban”. Según la profesional, también fue importante que se reconozca que la multinacional también incurrió en el delito que va contra la información científica que desaconseja la utilización de los agrotóxicos. “Por fuera del fallo encontraron vínculos entre las corporaciones y los Estados. Son cómplices y ahora deberán responder. Es importante ver que se les hará más difícil poner en duda nuestro trabajo”, explicó Damián Verzeñassi, quien realiza junto a profesionales y estudiantes de último año de Medicina los campamentos sanitarios. La experiencia de relevamiento tomó datos de casi 30 localidades, más de 80 mil personas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y fue parte de las pruebas del juicio.

Consultada por las consecuencias jurídicas y litigiosas para quienes se sientan afectados por el uso de agroquímicos, Dunda explicó: “Más allá de las acciones colectivas contra las firmas o los gobiernos se podrá incluir a las empresas porque incurren en acciones dolosas. Ponen agroquímicos en el mercado sabiendo que son contaminantes. Lo ocultan como pasó con la industria tabacalera en Estados Unidos, donde le quitaron legitimidad a estudios que denunciaban el efecto cancerígeno”. Para la abogada el gobierno nacional y provincial deberán dar una respuesta de por qué habilitaron el ingreso y sostienen la comercialización de los productos, ahora con el fallo en la mesa. “Por ignorancia o conveniencia lo aceptaron y ahora deben salir a explicarlo y no desestimar investigaciones como hicieron durante años”, agregó. “Nos decían que nuestro trabajo era temerario y endeble. Este fallo demostró la veracidad de nuestro trabajo. Nos hubiera gustado que no se confirmara, porque estamos hablando de cómo la gente se envenena. Ahora tenemos otra situación”, concluyó Verzeñassi.

Negarlo todo

El juicio contra la máxima productora mundial de herbicidas, que el año pasado fue comprada por Bayer, se llevó adelante entre el 15 y 16 de octubre de 2016 cuando el Tribunal Monsanto de la Haya inició el proceso emulando los mecanismos de la Corte Penal Internacional. Además de la argentina Lamm analizó las pruebas la senegalesa Dior Fall Sow (consultora de la Corte Penal Internacional), el mexicano Jorge Fernández Souza (magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de México), el canadiense Steven Shrybman, y la belga Françoise Tulkens (ex jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Pasaron meses evaluando estudios y testimonios de investigadores, médicos, científicos y supuestas víctimas sobre las consecuencias del uso de los productos fabricados por Monsanto. Ayer la Comisión Directiva Global de Derechos Humanos de Monsanto expresó que “el evento fue organizado por un selecto grupo de críticos anti-tecnología en la agricultura y anti-Monsanto, que actuaron como organizadores, jueces y jurados”.

La firma, según difundió la agencia Télam, señaló que “se negó la evidencia científica existente y los antecedentes jurídicos de varios temas; y fue organizado con un resultado ya predeterminado” y añadió que “en una época en la que el público está tratando de separar los hechos de la ficción, esta opinión no-judicial emitida recientemente podría ser malinterpretada”.

En Roldán insisten con alejar las fumigaciones

Un grupo de más 600 vecinos de la ciudad de Roldan, agrupados bajo la consigna “Paren de Fumigarnos”, presentarán este miércoles un reclamo administrativo para que se modifique una ordenanza que pone en riesgo la salud de la población. Solicitan que el Ejecutivo fije por ordenanza como límites mínimos para la aplicación de agroquímicos las distancias establecidas en la Ley provincial de fitosanitarios 11.723 y su Decreto reglamentario 552/97, en virtud de que la Ordenanza nro. 738/12 vigente. “Manifestamos ser víctimas de las constantes fumigaciones realizadas en los campos aledaños a nuestras viviendas, las cuales se producen de manera sistemática afectando nuestra salud y la de nuestras familias. En los últimos años varios vecinos de la localidad han realizado sucesivas denuncias a raíz de los frecuentes episodios – de los cuales fuimos testigos- en los que se llevó a cabo la aplicación de productos químicos nocivos, claramente sin respetar los límites mínimos establecidos en la Ley Provincial así como tampoco la escasísima distancia de seguridad estipulada por la Ordenanza Municipal cuya modificación se solicita”, sostienen desde el colectivo.