La ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES DE LA JUSTICIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (AJUNAF) se expresa con respecto a la posibilidad legislativa de bajar la edad de punibilidad a 14 años, difundida por distintos medios masivos de comunicación.

Con más de 30 años de existencia académica como asociación, consideramos que la reforma legislativa en materia penal juvenil, cuyo debate no rechazamos en la comisión a crearse o en el ámbito legislativo, no puede prever la baja de la edad de punibilidad, sin cumplir la normativa internacional, nacional y provincial destinada a garantizar la verdadera y plena protección integral de los derechos de la infancia, en especial sus derechos económicos y sociales: salud, alimentación, educación, vivienda digna, y vivir en familia.

La mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley penal son
pobres, varones en su mayoría, y básicamente han cometido delitos contra la propiedad, como también cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y provienen de familias desintegradas, y de baja inserción en el mercado laboral formal.

Al respecto, el entonces Cardenal Bergoglio -hoy nuestro Papa
Francisco-, ya había alertado sobre ello en la Carta leída a los jóvenes en la 31ª Peregrinación Juvenil a Luján (2 de octubre de 2005), cuando describía las carencias nutritivas, ambientales, de insalubridad, y violencia para con los niños, y así afirmaba: "Frente a esta realidad de nuestros niños y adolescentes aparecen reacciones diversas que se orientan a un acostumbramiento progresivo de creciente pasividad e indiferencia, una suerte de normalidad de la injusticia; o, por otra parte, una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control que va, desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una
discrecional y abusiva institucionalización". Agregando: "Si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la institucionalización, los tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados. Esto queda demostrado ya que ocho de cada diez presos adultos pasaron por Institutos de Menores".

Por otra parte, recuérdese que esta cuestión ha venido siendo
tratada por el Estado Nacional, las Provincias, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. En el marco de la sesión plenaria 22ª de dicho Consejo (julio 2015) se firmó el Acta Compromiso "Acta Declaración contenidos mínimos de una nueva ley penal juvenil", donde se afirmó que una nueva ley penal juvenil "debería
establecer, como mínimo, las siguientes normas: 1. La edad de punibilidad no podrá establecerse por debajo de los 16 años, en respeto al principio de no regresividad y de progresividad en la garantía de los derechos. Sin perjuicio de las medidas especiales que en protección de los derechos del niño puedan adoptarse".

Es saludable seguir avanzando con respecto a la adecuación del
sistema penal juvenil que responsabilice a los adolescentes infractores, con la consecuente derogación del Decreto Ley 22.278 de la dictadura militar, pero ello debe efectuarse de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, la jurisprudencia generada en los últimos años, y los compromisos asumidos en el marco del Consejo Federal, y con especial
cumplimiento y eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales, para toda la infancia.

César Raúl JIMÉNEZ (Presidente).
Gustavo Daniel MORENO (Secretario General).