El Juez Civil, profesor de la UBA y miembro de Justicia Legítima conversó en el programa Sobremesa Jurídica de Radio Caput sobre la salud como derecho.

Por Juan Martín Ramos Padilla

“Hay derechos que son esenciales. Si a una población no podés brindarle una posibilidad de desarrollo auténtico en materia de salud y educación, estás cercenando las posibilidades de las generaciones futuras. Incluso si no tenés una población saludable, no podés pensar en ningún desarrollo económico”, comentó el Juez Civil Gustavo Caramelo al comenzar la conversación.

Gonzalo Navarro: ¿Cómo funciona el sistema de salud en la Argentina?

C: En la Constitución de 1853 no hay una sola mención al derecho a la salud. Por otro lado, sí hay menciones al derecho a la propiedad. Recién en 1994 aparece una mención dentro del texto constitucional, cuando se habla de los derechos del consumidor. ¿Dónde tenemos desarrollado, entonces, el derecho a la salud? En los tratados internacionales que incorporamos a la Constitución de 1994.

En la Argentina tenemos tres subsistemas de salud: el de hospital público, el de obras sociales – que es una particularidad de nuestro país- y el sistema de medicina prepaga.

1) El sistema de hospital público fue la organización básica que surgió en el siglo XIX, que tenía algo muy vocacional, ya que los médicos no cobraban honorarios. Es un sistema hecho por gente con vocación, que aparte tenía su consultorio particular para poder vivir.

2) El sistema de las obras sociales, que aparece a mediados del siglo XX, se dio por sectores: podías encontrar los mejores traumatólogos en el hospital del sindicato de la construcción, o a los mejores cirujanos en el de la unión metalúrgica. Estas cuestiones estructuraron gran parte de lo que es el Sistema Nacional de Salud.

3) Después de la Segunda Guerra Mundial pasaron muchas cosas en materia de salud. Entre otras, en 1942 se empezó a industrializar la penicilina, que cambió la posibilidad de sobrevida de nuestra especie, entonces hoy tenemos un conjunto de herramientas que vienen de la tecnología, que cuando terminó la guerra pasó al uso civil, y esa tecnología es cara. Con la tecnología empezaron a aparecer los inversores, transformando a la medicina en un negocio.

N: ¿Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial la medicina no era un negocio como se lo conoce en la actualidad?

C: No. El desarrollo fuerte de eso comenzó en los años 60. Cuando el inversor entró en un el sector de la salud, quiso obtener ganancia y rendimiento, y ahí se produjo la precarización: la proletarización de la medicina, y los salarios de los médicos empezaron a devaluarse.

N: Tanto en las obras sociales como en las prepagas, hay que pagar para acceder a ciertas prestaciones. En el caso de las obras sociales, si uno tiene un trabajo registrado es una obligación, porque es un tema solidario.

C: Hay una diferencia enorme entre el régimen de las obras sociales y el de la medicina prepaga, porque el primero se rige por el principio de la solidaridad: todos los afiliados tienen derecho a las mismas prestaciones, ganen lo que ganen y aporten lo que aporten. En la medicina prepaga, se establecen contratos; es una cuestión basada en lo contractual.

N: Es como el seguro de un auto. Podés contratar uno contra todo riesgo, contra incendios, etc.

C: Cuando apareció el VIH, hubo una ley para obligar a las empresas de medicina prepaga a cubrir las enfermedades vinculadas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A pesar de esa ley, una de las prepagas, el Hospital Británico, inició un amparo en el que planteaba que si tenía que cubrir las enfermedades vinculadas con SIDA, iba a quebrar; pero al no poder demostrarlo económicamente, la Corte rechazó el amparo, y no quebró.

N: Es una tensión permanente. Cada vez que aparece otra enfermedad, las prepagas dicen: “Esto es insostenible”.

C: Una política sanitaria requiere que el Estado planifique. Porque tampoco es cuestión de llevar a los prestadores de medicina prepaga, que cubren una función en el sistema de salud, a la quiebra. Vos tenés que cubrir todo. Cuando fue la epidemia de gripe A, mi hija tuvo gripe A. Fuimos al centro de salud de nuestra obra social y nos dijeron: “No, tiene que ir al hospital de niños”. Porque se había dispuesto que la gripe A se atendiera en el hospital de niños para evitar el impacto sobre los sistemas de las obras sociales o de medicina prepaga. Se previno la epidemia. Se pensó que iba a tener un impacto mayor. El hospital de niños estaba lleno de carpas para atender a una gran epidemia. Y la atendieron bárbaro. Entonces muchas veces el Estado tiene que regular estas tensiones, porque tampoco es cuestión de mandar las empresas a la quiebra, porque vos no planificaste.

N: ¿Qué pasa con el plan médico obligatorio?

C: Todos los efectores del sistema de salud tienen que cumplir con el programa médico obligatorio, que es la prestación mínima que tienen que cubrir las prepagas, las obras sociales y los hospitales públicos. Ninguna prepaga te puede dar lo que se llama “período de carencia”, que son los períodos en los que te admiten como adherente, pero no te dan todas las prestaciones. Eso está admitido por ley, pero la ley que regula las prepagas no admite que se establezcan períodos de carencia con nada que tenga que ver con el programa médico obligatorio.

N: Expliquemos esto.

C: Era habitual antes que las prepagas rechazaran a las personas de determinada edad, o a las personas con enfermedades preexistentes. Desde 2011 hay una ley muy resistida. Vos tenés un conjunto de regulaciones importantísimas que se dan es en esos años. Antes de la ley las prepagas establecían en su contratos que no daban cobertura a las embarazadas por parto dentro de las primeras once meses, con lo que se aseguraban que ninguna persona se afiliara para la atención de un parto, porque era un costo. Hoy no pueden hacer nada de eso, porque son prestaciones que están en el programa médico obligatorio. Otra cosa que regula la ley: hay pacientes que se atienden en el hospital público. Por ejemplo, alguien que sufre un accidente en la calle y es internado en un hospital público. Tiene terapia intensiva y no puede ser trasladado hasta que no esté en condiciones. Permanece en el hospital público, en terapia intensiva durante diez días. El hospital público puede reclamar a la prepaga que pague. Está expresamente previsto.

N: ¿Y pasa?

C: A veces requiere de un reclamo posterior. Pero hay un organismo que las incluyó, porque las prepagas, hasta la sanción de la ley, no tenían regulación. Algunas, de hecho, se regulaban por la ley de defensa del consumidor, por analogía. No tenían regulación expresa. Hoy, la Superintendencia de Regulación de Servicio de Salud, que también se ocupa de las obras sociales, controla prepagas. Entonces tenés una autoridad administrativa ante la cual hacer los planteos. Sin necesidad de judicializar, los podés hacer por esa vía.

N: ¿Qué pasa con los administradores o también gremios que tienen obra social y prepaga? ¿No hay un vaciamiento de la obra social en función de la prepaga?

C: Hay alguna tensión. Vos tenés muchas obras sociales que trabajan con un tipo de actividad determinada y prepagas que lo cubren, y cuando el paciente tiene determinado nivel de ingresos tratan de lograr una derivación al sistema prepago.

N: Teniendo en cuenta que esto es un sistema solidario, el que tiene la categoría más baja hace aportes proporcionales a ese sueldo. Esos aportes nunca alcanzarían para cubrir todas las prestaciones, pero eso es sustentable porque los que tienen mejores sueldos aportan en mayor proporción.

C: Entonces estás afectando el sistema solidario. La derivación hacia el sistema de medicina prepaga es una corruptela del sistema.

N: Siempre se habla mucho del derecho a la salud en la Argentina. Normalmente se pone el foco en las obras sociales, en la prestación, en las prepagas, en los médicos como profesionales. Y por lógica, quizás se habla poco o con poco conocimiento sobre lo que ocurre en los hospitales públicos. En parte, supongo, porque en los hospitales públicos cuando pasan cosas como la que te pasó con tu hija y la gripe, no se habla mucho porque masivamente van las personas más vulnerables. Los que menos eco encuentran en los medios de comunicación. ¿Cómo es el sistema de salud pública en el último tiempo? ¿Hay un deterioro?

C: La inversión en salud creció en términos de participación dentro del presupuesto nacional desde 2003 en adelante hasta el último presupuesto.

N: Y ahora el rumbo económico nos lleva hacia esta expulsión de algunos efectores de prepagas y de obras sociales. ¿Todo esto va a aumentar también la demanda del sector público?

C: Claro. Pero a una persona que se queda sin trabajo y además no puede mandar a sus hijos a una escuela razonable y no puede cubrir la atención de salud de sus hijos, la ponés en una situación desesperante. Lo mínimo que tenemos que hacer para resguardar a los sectores más vulnerables de la población es asegurarles un sistema educacional y de salud que contenga las necesidades futuras.

N: ¿Qué respuesta encuentran los ciudadanos en el Poder Judicial cuando ven vulnerado un derecho? Hay alguna diferencia entre los que van al hospital, a la clínica de la obra social, o a la otra clínica que ofrece la prepaga?

C: Sí. La mayor cantidad de amparos coincide con el mayor acceso que tienen las personas a la Justicia.

N: Es decir que cuando un ciudadano que se atiende en el hospital público es vulnerado en sus derechos, difícilmente puede acudir.

C: Exactamente.

N: ¿Y qué respuestas encuentran los ciudadanos en los Tribunales?

C: Los Tribunales en general trabajamos sobre cuestiones de urgencia. En estos casos, por lo general suelen venir por vía de amparo, y en general, el 90 por ciento de los casos, cuando el caso es serio, el proceso empieza con una media cautelar y después seguimos discutiendo todo lo demás, pero se obliga a brindar la cobertura. Se obliga a dar satisfacción al derecho a la salud que se puede ver vulnerado, porque muchas veces se va la vida en eso. Estamos hablando del derecho a la salud. Entonces yo creo que la Justicia, con sus más y sus menos, y con todas sus deficiencias que podemos tener como poder en la función pública, que desarrollamos con todas las exigencias que tenemos, que son muy conocidas y que son algunas de las cosas que discutimos en Justicia Legítima, el poder mejorar todo esto, da una respuesta razonable en temas de salud.

JUSTICIA LEGÍTIMA

N: Sos Juez en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires, profesor de la UBA y miembro de Justicia Legítima. ¿Cuál de los tres cuesta más?

C: Obviamente formar parte de Justicia Legítima. Uno tiene una vocación por lo público que se define fuertemente. Querer trabajar como Juez o docente en la Universidad Pública marca una vocación de servicio público. La idea es hacerlo con perspectiva de defensa de los derechos y cuál es el rol del Poder Judicial: un rol que debe estar comprometido con la defensa de la Constitución, no vista como un programa de buenos deseos, sino como un conjunto de normas que se deben cumplir, que abarca los tratados internacionales de Derechos Humanos que se incorporaron en 1994, y que hacen de nuestra Constitución algo totalmente distinto.

N: ¿Este ideario que compartís con otros compañeros de Justicia Legítima genera ataques o actitudes virulentas?

C: Nosotros resultamos molestos en el esquema del Poder Judicial. Justicia Legítima cuestiona a quién sirve el poder judicial: Establecer que el Poder Judicial tiene que servir a la gente y no necesariamente a determinados sectores o intereses que sustentan tradicionalmente a un poder judicial que sigue muy influenciado por la escuela de la dictadura.

N: ¿Como es el día a día? ¿Te levantás más preocupado por ver qué salió en Clarín o qué sale en La Nación, a ver si te pegaron o si a algún colega lo están castigando? Porque me parece que hubo una ruptura en algún momento, tal vez en esa primera pronunciación pública de lo que ahora es Justicia Legítima, en donde la discusión del mundo tribunal se blanqueó y se marcó una línea que señaló quién está de un lado y quién está del otro.

C: Hay una demonización de quienes integramos Justicia Legítima, que además se da con cierta violencia institucional interna. Hay cierto intento de disciplinamiento interno dentro del Poder Judicial.

N: ¿De qué manera?

C: Si formás parte de Justicia Legítima es muy factible que te vuelen de un cargo de la noche a la mañana. Los jueces tenemos estabilidad, pero se pueden meter con tu mujer. Sin ningún reparo, en un sector donde teóricamente se tienen que proteger los derechos, pueden avasallarte, porque pertenecés a Justicia Legítima.

N: En tu caso puntual, tengo entendido que tu mujer fue desplazada en un cargo en la Corte cuando había ganado un concurso.

C: Sí. La Corte tenía derecho a elegir si le daba el cargo o no. Pero hubo una suerte de maltrato institucional hacia alguien que estaba sirviendo muy bien, con una vocación enorme por lo público. De la noche a la mañana la volaron del cargo. Eso es maltrato institucional, algo que se está institucionalizando dentro del poder judicial. Los que integramos Justicia Legítima pasamos a ser los demonios. Tratan de transformarnos en leprosos, cuando en realidad tratamos de hacer un poder judicial inclusivo que proteja a la gente. Si uno analiza la composición de Justicia legítima, ve que es plural. En lo que coinciden todos los integrantes de Justicia legítima es en tener vocación democrática.

 

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