La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú, Entre Ríos, rechazó la apelación presentada por una compañía telefónica contra la sentencia que la había condenado a instalar una línea telefónica en un domicilio y a pagar una multa y el daño moral causado a una usuaria.

Según la resolución, la mujer había solicitado en octubre de 2013 la instalación de una nueva línea y, hasta febrero que intimó por escrito el servicio, realizó numerosos reclamos telefónicos que fueron contestados por la empresa con diferentes y contradictorias respuestas referidas al cumplimiento de la solicitud.

Agregó que la no contestación a la carta documento motivó el inicio de la instancia administrativa ante la oficina municipal de defensa al consumidor, donde fracasaron las audiencias conciliatorias pero allí el representante dejó asentado que efectivamente existía un trámite de pedido de instalación de línea, demoras técnicas del sector de instalación y, en definitiva, el incumplimiento de la accionada. “Ya en julio de 2014 la accionante se comunicó nuevamente con el número telefónico 112 de reclamos, y se le hizo saber que se le dio de baja a su pedido por el plazo transcurrido y ante la imposibilidad de instalar la línea solicitada, oportunidad en que la usuaria formuló un trámite de queja”, añadió.

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